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Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión registra la iniciativa «Por una mejor legislación del vapeo»

La Comisión Europea ha decidido registrar una Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Por una mejor legislación del vapeo».

La iniciativa tiene por objetivo, «crear una legislación a medida que distinga claramente los productos de vapeo de los productos del tabaco y los productos farmacéuticos». Los organizadores piden a la Comisión que «garantice la adopción de nueva legislación [para los productos del vapeo] basada en el cumplimiento obligatorio de estrictas normas de calidad, de seguridad y de fabricación del producto y en prácticas de comercialización responsables que garanticen la protección de los jóvenes».

La decisión de la Comisión Europea de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad jurídica de la propuesta. La Comisión no ha analizado el fondo en esta fase.

El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 20 de febrero de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.

Antecedentes

El Tratado de Lisboa introdujo las iniciativas ciudadanas europeas. Estas se pusieron en marcha como una herramienta en manos de los ciudadanos para fijar el programa político en abril de 2012, cuando entró en vigor el Reglamento en la materia por el que se aplican las disposiciones del Tratado. En 2017, como parte del Discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión, la Comisión Europea presentó propuestas de reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea para facilitar aún más su utilización. El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron la reforma en diciembre de 2018 y la normativa revisada empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020.

Una vez registrada oficialmente, la Iniciativa Ciudadana Europea permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.

Los requisitos de admisibilidad son que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera de la competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.

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