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Iniciativa Ciudadana Europea: «Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con discapacidad»

La Comisión Europea ha decidido registrar una Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con discapacidad».

El objetivo de la iniciativa es garantizar : «el derecho a una educación inclusiva para los niños y adultos con discapacidad en la Unión Europea». La iniciativa afirma que mientras que «más de 70 millones de ciudadanos de la UE presentan una discapacidad y 15 millones de niños tienen necesidades educativas especiales», muchos de ellos «se enfrentan a barreras excesivas en […] su derecho a una educación inclusiva de calidad». Por ello, los organizadores piden a la Comisión que «elabore un acto legislativo sobre un marco común de la UE para la educación inclusiva, que garantice que ningún niño se quede a la zaga en lo que se refiere a los servicios de intervención precoz, la educación y la transición hacia el mercado laboral».

Con arreglo a los Tratados, la UE puede emprender acciones legales para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad, así como apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por lo que respecta a los sistemas educativos y la formación profesional. Por ello, la Comisión consideró que la iniciativa era jurídicamente admisible y decidió registrarla. En esta fase del procedimiento la Comisión no analiza el fondo.

El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 4 de marzo de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión la analizará y deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.

Contexto

El Tratado de Lisboa introdujo la Iniciativa Ciudadana Europea. Esta se puso en marcha, como una herramienta en manos de los ciudadanos para fijar el programa político, en abril de 2012, cuando entró en vigor el Reglamento en la materia por el que se aplican las disposiciones del Tratado. En 2017, como parte del Discurso del Presidente Juncker sobre el Estado de la Unión, la Comisión Europea presentó propuestas de reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea para facilitar aún más su utilización. En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron la reforma y la normativa revisada empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020.

Una vez registrada oficialmente, la Iniciativa Ciudadana Europea permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.

Los requisitos de admisibilidad son que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera de la competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.

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