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Primer informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

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La Comisión Europea ha publicado el primer informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho. Este informe incluye las aportaciones de todos los Estados miembros y abarca fenómenos tanto positivos como negativos en toda la UE. El informe evidencia que muchos Estados miembros han establecido rigurosas normas sobre el Estado de Derecho, pero que existen importantes desafíos en la materia en la UE.

También recoge las novedades pertinentes a raíz de las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros a causa de la crisis del coronavirus. Se refiere a los cuatro pilares principales que más inciden en el Estado de Derecho: los sistemas judiciales nacionales, las normativas en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, y otras cuestiones relacionadas con los controles y equilibrios esenciales para un sistema eficaz de gobernanza democrática. 

El objetivo del nuevo informe sobre el Estado de Derecho es ampliar el conjunto existente de instrumentos de la UE con un nuevo instrumento preventivo e impulsar un debate inclusivo y una cultura del Estado de Derecho en toda la UE. También debería ayudar a todos los Estados miembros a estudiar la manera de superar las dificultades y a aprender de las experiencias de los demás, y enseñar cómo reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en el pleno respeto de las tradiciones y los sistemas constitucionales nacionales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «El Estado de Derecho y nuestros valores compartidos constituyen el fundamento de nuestras sociedades. Forman parte de nuestra identidad común como europeos. El Estado de Derecho protege a las personas frente a la ley del más fuerte. Si bien nuestras normas son muy rigurosas en materia de Estado de Derecho en la UE, también nos enfrentamos a dificultades diversas. La Comisión Europea seguirá colaborando con las autoridades nacionales para encontrar soluciones que garanticen los derechos y libertades de las personas en el día a día».

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado: «Hoy subsanamos una carencia importante de nuestro conjunto de herramientas en materia de Estado de Derecho. El nuevo informe examina por primera vez todos los Estados miembros de forma análoga para determinar las tendencias en materia de Estado de Derecho y contribuir a evitar que surjan problemas graves. Cada ciudadano merece tener acceso a jueces independientes, disfrutar de unos medios de comunicación libres y pluralistas, y confiar en el respeto de sus derechos fundamentales. Solo entonces podremos considerarnos una verdadera Unión de democracias».

Didier Reynders, comisario de Justicia y Consumidores, ha declarado: «El nuevo informe sobre el Estado de Derecho representa el inicio de un diálogo abierto y periódico con todos los Estados miembros, de manera que podamos compartir las buenas prácticas y sortear las dificultades antes de que se enquisten. El objetivo es infundir una verdadera cultura del Estado de Derecho en toda la Unión Europea y abrir un auténtico debate a escala nacional y de la UE».

Principales conclusiones sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros

  1. Sistemas judiciales

Varios Estados miembros están llevando a cabo reformas para reforzar la independencia judicial y están reduciendo la influencia del poder ejecutivo o legislativo en el poder judicial, también en los Estados miembros en los que tradicionalmente se ha considerado que la independencia judicial era alta o incluso muy alta. Las evaluaciones específicas por país indican que la independencia judicial sigue siendo motivo de preocupación en algunos Estados miembros, lo que ha llevado a la Comisión en algunos casos a incoar procedimientos de infracción o del artículo 7, apartado 1. Velar por que los sistemas judiciales estén adaptados a la era digital también constituye un reto para toda la UE y la pandemia actual ha dado un nuevo impulso a la agilización de las necesarias reformas digitales.

  1. Normativas en materia de lucha contra la corrupción

Varios Estados miembros han adoptado estrategias globales de lucha contra la corrupción, mientras que otros las están preparando. Una aplicación y supervisión efectivas siguen siendo fundamentales para garantizar que se registren progresos. Muchos Estados miembros también han adoptado o tienen previsto adoptar medidas para reforzar su normativa en materia de integridad y prevención de la corrupción, y algunos han adoptado medidas para reforzar la capacidad del sistema de justicia penal para luchar contra la corrupción. Por otra parte, la eficacia de las investigaciones penales, el enjuiciamiento y la resolución de los asuntos de corrupción, incluida la corrupción de alto nivel, siguen planteando dificultades en varios Estados miembros.

  1. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

En general, los ciudadanos de la UE disfrutan de altos niveles de libertad y pluralismo de los medios de comunicación. Especialmente durante la pandemia de coronavirus, los medios de comunicación han resultado esenciales en la lucha contra la desinformación. No obstante, el informe plantea reservas en relación con la eficacia y la adecuación de los recursos, así como con los riesgos de politización de las autoridades responsables de los medios de comunicación en algunos Estados miembros. Además, algunas evaluaciones de países han detectado casos que suscitan gran inquietud por la presión política ejercida sobre los medios de comunicación. Por último, los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación sufren amenazas y ataques por su trabajo en varios Estados miembros, aunque algunos países también han fomentado prácticas y establecido estructuras y medidas para apoyar y proteger a los periodistas.

  1. Controles y equilibrios institucionales

Los controles y equilibrios institucionales son elementos centrales del Estado de Derecho y garantizan que el poder ejercido por una autoridad pública esté sujeto a un control democrático. En varios Estados miembros, se han iniciado reformas constitucionales para reforzar los controles y equilibrios institucionales. Muchos Estados miembros también han establecido estrategias sistemáticas para facilitar la participación de las partes interesadas y velar por que las reformas estructurales sean el resultado de un amplio debate con la sociedad. Al mismo tiempo, el informe indica que el uso excesivo de los procedimientos legislativos acelerados y de emergencia puede dar lugar a problemas relacionados con el Estado de Derecho. En toda la UE, la sociedad civil sigue siendo un agente clave en la defensa del Estado de Derecho, y en la mayoría de los Estados miembros existe un entorno propicio y favorable a la sociedad civil. Sin embargo, hay ejemplos de que esta se enfrenta a graves dificultades en algunos Estados miembros como consecuencia de leyes que limitan el acceso a la financiación extranjera o de campañas de difamación.

Medidas de emergencia adoptadas en el contexto de la crisis del coronavirus

La pandemia no ha terminado y algunos Estados miembros siguen aplicando regímenes o medidas de emergencia. El informe señala algunas de las cuestiones que han surgido en los debates nacionales y la respuesta jurídica y política a la crisis. Por ejemplo, cambiar o suspender los controles y equilibrios nacionales habituales puede plantear especiales problemas desde el punto de vista del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, existen varios buenos ejemplos de casos en los que las sentencias de los tribunales nacionales o la intervención de los defensores del pueblo tuvieron una incidencia positiva en las medidas de emergencia adoptadas. La Comisión se mantendrá vigilante hasta que se eliminen progresivamente estas medidas.

Próximas etapas

El informe sobre el Estado de Derecho contribuirá al debate más amplio en la materia a escala nacional y europea. La Comisión está deseando dialogar con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las cuestiones relativas al Estado de Derecho y cree que este informe aporta una base sólida para un ulterior trabajo interinstitucional.

La Comisión también invita a los Parlamentos y a las autoridades nacionales a debatir este informe, incluidos sus capítulos por país, y a prestarse apoyo recíproco como estímulo para proseguir las reformas y la aceptación de la solidaridad europea. También deberían participar las partes interesadas pertinentes a escala nacional y de la UE.

Sobre la base de los resultados del diálogo en torno a la edición de 2020 y de la experiencia adquirida en el primer año de funcionamiento del mecanismo europeo sobre el Estado de Derecho, la Comisión empezará a elaborar el informe de 2021, aprovechando el impulso adquirido con miras a que el Estado de Derecho sea más resiliente en nuestras democracias.

Contexto

El primer informe anual sobre el Estado de Derecho es una de las principales iniciativas del programa de trabajo de la Comisión para 2020 y forma parte del mecanismo europeo global sobre el Estado de Derecho anunciado en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen. Es el resultado de un intenso diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas y se refiere a todos los Estados miembros de manera objetiva e imparcial. La evaluación cualitativa llevada a cabo por la Comisión se centra en los cambios importantes ocurridos desde enero de 2019 y sigue un planteamiento coherente, pues aplica la misma metodología a todos los Estados miembros, y adaptado a la evolución de la situación.

El informe forma parte del nuevo ciclo anual del Estado de Derecho, llamado mecanismo sobre el Estado de Derecho. Este mecanismo es un ciclo anual dirigido a fomentar el Estado de Derecho y evitar la aparición o profundización de problemas. Sus principales objetivos son mejorar la comprensión y la concienciación sobre las cuestiones y las novedades significativas, detectar las dificultades en materia de Estado de Derecho y ayudar a los Estados miembros a encontrar soluciones con el apoyo de la Comisión y de los demás Estados miembros, así como de las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia.

El mecanismo tienes fines preventivos. Es independiente de los demás elementos del conjunto de instrumentos de la UE sobre el Estado de Derecho y no sustituye a los mecanismos basados en el Tratado para que la UE responda a problemas más graves relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Estos instrumentos abarcan los procedimientos de infracción y el procedimiento dirigido a proteger los valores fundacionales de la Unión con arreglo al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. También es diferente del procedimiento de condicionalidad presupuestaria propuesto, cuyo objetivo es proteger el presupuesto de la UE en situaciones en las que los intereses financieros de la Unión puedan estar en peligro debido a deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en un Estado miembro.

Más información

 

 

 

 

 

Fuente: Comunciado de prensa IP/20/1756


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