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La Comisión registra la iniciativa «Atajen el fraude y el abuso de los fondos de la UE»

El Colegio de Comisarios ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «Stop fraud and abuse of EU funds» (Atajen el fraude y el abuso de los fondos de la UE).

La iniciativa ciudadana propuesta exige la aplicación de controles reforzados y sanciones más estrictas en aquellos Estados miembros que no se hayan adherido a la Fiscalía Europea a fin de proteger los intereses financieros de la Unión.

La decisión del Colegio indica que las declaraciones de apoyo deberán recogerse entendiéndose que son muestras de apoyo a propuestas que no distinguen entre los Estados miembros únicamente en función de su participación o no en la Fiscalía Europea. La razón de ello es que, de conformidad con los Tratados, los actos jurídicos no pueden diferenciar entre los Estados miembros únicamente en función de su participación en una cooperación reforzada. No obstante, tal diferenciación sí es posible cuando ello esté justificado objetivamente, por ejemplo, si existen diferentes grados de protección de los intereses financieros de la Unión.

La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad jurídica de la propuesta. La Comisión no ha analizado el fondo en esta fase.

El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 27 de septiembre de 2018, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.

Contexto

El Tratado de Lisboa introdujo la iniciativa ciudadana europea. Esta se puso en marcha como una herramienta en manos de los ciudadanos para fijar el programa político en abril de 2012, cuando entró en vigor el Reglamento en la materia por el que se aplican las disposiciones del Tratado.

Una vez registrada oficialmente, la iniciativa ciudadana europea permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.

Los requisitos de admisibilidad, conforme a lo establecido en el Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, son que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera de la competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.

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