Desde su aprobación por el Parlamento Europeo en 2001, El Código Europeo de Buena Conducta Administrativa se ha convertido en un instrumento fundamental para la aplicación práctica del principio de buena administración. Ayuda a los ciudadanos a comprender y exigir sus derechos, y fomenta el interés del público por conseguir una administración europea abierta, eficaz e independiente. Este Código permite a los ciudadanos conocer el nivel de servicio administrativo que tienen derecho a esperar de las instituciones de la UE. Representa asimismo una guía útil para los funcionarios en sus relaciones con el público. Al dar una mayor concreción al principio de buena administración, el Código contribuye a promover el máximo nivel de calidad en la administración.