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Iniciativa Ciudadana Europea "Etiquetado alimentario obligatorio «No vegeteriano / Vegetariano / Vegano»"

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La Iniciativa declara lo siguiente: «Los vegetarianos y los veganos tienen grandes dificultades para encontrar alimentos adecuados en toda la UE. Se ven obligados a estudiar la lista de ingredientes de cada producto alimenticio para determinar si les conviene o no comprarlo, prestando una extrema atención a una serie de ingredientes ambiguos que pueden ser de origen vegetal o animal». Los organizadores piden a la Comisión Europea que proponga etiquetas con iconos obligatorias en todos los productos alimentarios que indiquen si son no vegetarianos, vegetarianos o veganos.

La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad jurídica de la propuesta. La Comisión no ha analizado el fondo en esta fase.

El registro de esta Iniciativa tendrá lugar el 12 de noviembre de 2018, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.

Contexto

El Tratado de Lisboa introdujo la Iniciativa Ciudadana Europea. Esta se puso en marcha como una herramienta en manos de los ciudadanos para fijar el programa político en abril de 2012, cuando entró en vigor el Reglamento en la materia por el que se aplican las disposiciones del Tratado. En 2017, como parte del Discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión, la Comisión Europea presentó propuestas de reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea para que se pueda utilizar aún con mayor facilidad.

Una vez registrada oficialmente, la Iniciativa Ciudadana Europea permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.

Los requisitos de admisibilidad, conforme a lo establecido en el Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, son que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera de la competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.

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