La reforma de la protección de datos es un conjunto de medidas legislativas que incluye:
- Un Reglamento general de protección de datos (RGPD).
- Una Directiva sobre protección de los datos personales tratados a efectos policiales y judiciales.
El 24 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento general de protección de datos, que se aplicará a partir del 25 de mayo de 2018.
La Directiva sobre protección de los datos personales tratados a efectos policiales y judiciales entró en vigor el 5 de mayo de 2016. Los Estados miembros disponen de plazo hasta el 6 de mayo de 2018 para transponer la Directiva a su Derecho nacional.
Este conjunto de medidas legislativas actualiza y moderniza las normas establecidas en la Directiva sobre protección de datos de 1995 y en la Decisión Marco de 2008 sobre protección de datos en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal. Contar con una legislación sobre protección de datos uniforme y actualizada resulta esencial para garantizar el derecho fundamental de las personas a que se protejan sus datos personales, hacer posible el desarrollo de la economía digital y reforzar la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.
Por lo que respecta a los datos personales utilizados a efectos policiales, cada vez es más frecuente que las autoridades de los Estados miembros tengan que tratar e intercambiar datos en la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo. En este contexto, es fundamental contar con normas claras y coherentes sobre protección de datos a nivel de la UE para mejorar la cooperación entre dichas autoridades.
Reglamento general de protección de datos
En él se recogen los derechos de las personas y se establecen las obligaciones de los encargados y responsables del tratamiento de los datos. También se establecen los métodos para el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento y el alcance de las sanciones para quienes infrinjan las normas.
Directiva de protección de datos a efectos policiales
Tiene por objeto salvaguardar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales garantizando al mismo tiempo un alto nivel de seguridad pública. Se aplica al tratamiento tanto transfronterizo como nacional de los datos por las autoridades competentes de los Estados miembros a efectos policiales en el ámbito penal.
