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La Comisión propone que se refuerce la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal

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La Comisión ha adoptado una propuesta de nueva legislación de la UE para combatir la delincuencia medioambiental, cumpliendo así un compromiso clave del Pacto Verde Europeo.

La propuesta pretende hacer más eficaz la protección del medio ambiente obligando a los Estados miembros a adoptar medidas de Derecho penal. Define nuevos delitos medioambientales, establece un nivel mínimo de sanciones y refuerza la eficacia de la cooperación policial. También obliga a los Estados miembros a apoyar y ayudar a las personas que denuncien delitos contra el medio ambiente y a cooperar policialmente. Esta propuesta contribuirá a proteger la naturaleza y los recursos naturales, así como la salud y el bienestar públicos.

Principales objetivos de la propuesta

La propuesta establece nuevos delitos contra el medio ambiente en la UE, tales como el comercio ilegal de madera, el reciclado ilegal de buques o la extracción ilegal de agua. Además, aclara las definiciones existentes de delitos medioambientales, lo que aporta mayor seguridad jurídica.

La Comisión propone establecer un denominador mínimo común para las sanciones por delitos medioambientales. Cuando el delito cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona, los Estados miembros deben prever al menos una pena de prisión de hasta diez años. El proyecto de ley también propone sanciones adicionales, incluida la restauración de la naturaleza, la exclusión del acceso a la financiación y los procedimientos de contratación públicos o la retirada de permisos administrativos.

La propuesta también tiene por objeto aumentar la eficacia de las investigaciones y los procedimientos penales pertinentes. Ofrece apoyo a inspectores, policía, fiscales y jueces mediante formación, herramientas de investigación, coordinación y cooperación, así como una mejor recogida de datos y estadísticas. La Comisión propone que cada Estado miembro elabore estrategias nacionales que garanticen un planteamiento coherente a todos los niveles de aplicación y la disponibilidad de los recursos necesarios.

La propuesta contribuirá a la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos. Los delitos medioambientales suelen afectar a varios países (por ejemplo, el tráfico ilícito de productos de especies silvestres) o tienen efectos transfronterizos (por ejemplo, la contaminación transfronteriza de la atmósfera, el agua y el suelo). Las autoridades policiales y judiciales solo pueden hacer frente a estos delitos cuando colaboran por encima de las fronteras.

La Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros ofreciendo a los profesionales policiales y sus redes profesionales una plataforma para los debates estratégicos y facilitándoles asistencia financiera. Por último, puesto que la delincuencia medioambiental es un fenómeno mundial, la Comisión seguirá promoviendo la cooperación internacional en este ámbito.

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios

Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, ha declarado lo siguiente: «La destrucción deliberada de nuestro entorno natural amenaza nuestra propia supervivencia como humanidad. Permitir que los infractores actúen impunemente va en detrimento de nuestros esfuerzos colectivos por proteger la naturaleza y la biodiversidad, luchar contra la crisis climática, reducir la contaminación y eliminar los residuos. Los abusos graves deben afrontarse con una respuesta seria, y la propuesta de hoy sienta las bases para ello».

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha comentado: «El medio ambiente no conoce fronteras y los delitos contra él tienen efectos negativos en todos los Estados miembros. Debemos emplear todos los medios posibles para proteger el medio ambiente a escala de la Unión. El Derecho penal es uno de ellos, y esta propuesta proporcionará a las autoridades policiales y judiciales las herramientas necesarias para actuar de manera más eficaz contra los delitos medioambientales en toda la Unión.»

Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha observado: «Los delitos medioambientales causan daños irreversibles y a largo plazo a la salud de las personas y al medio ambiente. Sin embargo, son difíciles de investigar y llevar ante la justicia, mientras que las sanciones tienden a ser leves. Esta es la razón por la que tenemos que reforzar nuestro Derecho penal medioambiental. En un momento en el que la comunidad internacional debate el delito de ecocidio, un alto nivel de protección del medio ambiente no solo es importante para las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras, ya que redoblamos nuestros esfuerzos por luchar contra la degradación del medio ambiente».

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho: «No hay tiempo que perder. Debemos cerciorarnos de que nuestras normas de lucha contra la delincuencia medioambiental sean lo suficientemente específicas y ambiciosas como para dar lugar a un verdadero cambio. Mediante esta nueva Directiva disponemos de otra herramienta sólida para proteger el medio ambiente y, en última instancia, nuestro planeta. La propuesta de hoy se basa en las lecciones aprendidas y en la experiencia adquirida en los últimos años, y abordará directamente las causas profundas que han impedido que la protección del medio ambiente sea tan eficaz como debería».

Próximas etapas

La propuesta legislativa se remitirá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción.

Contexto

El efecto de los delitos medioambientales en el medio ambiente natural en Europa y en el mundo se manifiesta en el aumento de la contaminación, la degradación de la vida silvestre, la reducción de la biodiversidad y la alteración del equilibrio ecológico.

Los delitos contra el medio ambiente son muy lucrativos (pueden ser tan rentables como el tráfico ilícito de drogas), pero las sanciones son mucho más leves, y se persiguen con menos frecuencia. Estos factores la hacen muy atractiva para los grupos de delincuencia organizada.

La propuesta contribuye al Plan de acción «contaminación cero», al Plan de Acción para la Economía Circular y a la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 y promueve el Estado de Derecho medioambiental.

La propuesta de hoy es consecuencia de la publicación en 2020 de la evaluación de la Comisión de la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal de 2008 (Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal). Los resultados indican que el número de casos medioambientales procesados con éxito ha sido bajo, las sanciones han sido insuficientes como para ser disuasorias y la cooperación transfronteriza ha sido escasa. 

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