La iniciativa «Air-Quotas» (Cuotas aéreas) pide a la Comisión que establezca un mecanismo de cuotas de carbono de los ciudadanos de cada país que anime a las empresas a descarbonizar a través de la demanda de los consumidores. Los organizadores consideran que este nuevo mecanismo debe abarcar todas las compras de bienes y servicios, empezando por el transporte aéreo.
Los organizadores de la iniciativa «Stop Destroying Videogames» (Alto a la destrucción de los videojuegos) piden a la Comisión que introduzca el requisito de que los editores que vendan o concedan licencias de videojuegos en la UE dejen estos juegos en un estado funcional (de juego), a fin de evitar que los editores desactiven a distancia los videojuegos.
Ambas iniciativas ciudadanas europeas cumplen las condiciones formales establecidas en la legislación pertinente. Por lo tanto, la Comisión considera que son legalmente admisibles. La Comisión no ha analizado en esta fase el fondo de las propuestas.
La decisión de registrar una iniciativa se basa en un análisis jurídico de su admisibilidad con arreglo al Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea. No prejuzga las conclusiones jurídicas y políticas de la Comisión sobre estas iniciativas y las medidas que adoptaría en caso de que alguna de estas iniciativas obtenga el apoyo necesario de, como mínimo, un millón de ciudadanos de la UE.
El contenido de la iniciativa expresa únicamente el parecer del grupo de organizadores y en ningún caso puede considerarse que refleja el de la Comisión.
Próximas etapas
Tras el registro de hoy, los organizadores disponen de seis meses para proceder a la recogida de firmas. Si una iniciativa ciudadana europea consigue, en el plazo de un año, un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros, la Comisión deberá decidir si da curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión.
Antecedentes
El Tratado de Lisboa introdujo la iniciativa ciudadana europea como herramienta en manos de los ciudadanos para definir la agenda política. Se puso en marcha oficialmente en abril de 2012. Una vez registrada oficialmente, la iniciativa ciudadana europea permite a un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo. Los requisitos de admisión son los siguientes: 1) que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, 2) que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria, 3) que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
Desde el inicio de la Iniciativa Ciudadana Europea, la Comisión ha registrado 114 iniciativas.
