La Comisión Europea decidió registrar tres nuevas iniciativas ciudadanas europeas: «Un precio para el carbono para luchar contra el cambio climático», «Cultivemos el progreso científico, ¡los cultivos son importantes!» y «Acabemos con la era del plástico en Europa». La Comisión también determinó que no puede registrar una propuesta de iniciativa ciudadana europea titulada «Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas», ya que dicha iniciativa no invita a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico.
En esta fase del procedimiento, la Comisión aún no ha analizado el fondo de las iniciativas, sino únicamente su admisibilidad jurídica. Si cualquiera de las tres iniciativas registradas recibe un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembros en el plazo de un año, la Comisión la analizará y se pronunciará sobre la misma. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.
«Un precio para el carbono para luchar contra el cambio climático»
Los organizadores de la iniciativa instan a la Comisión «a proponer una legislación de la UE que desaliente el consumo de combustibles fósiles y fomente el ahorro de energía y el uso de fuentes renovables para luchar contra el calentamiento global y limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C». El objetivo de la iniciativa es introducir un precio mínimo para las emisiones de CO2, suprimir el sistema actual de derechos de emisión gratuitos para los contaminadores de la UE e introducir un mecanismo de ajuste en las fronteras, asignando al mismo tiempo los ingresos procedentes de la tarificación del carbono «a las políticas europeas que fomentan el ahorro de energía y la utilización de fuentes renovables, así como a la reducción de los impuestos a las rentas más bajas».
En virtud de los Tratados de la UE, la Comisión Europea puede emprender acciones legales en los ámbitos de la acción por el clima, el medio ambiente, la fiscalidad y la política comercial común. Por consiguiente, la Comisión considera que la iniciativa es jurídicamente admisible y ha decidido registrarla. El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 22 de julio de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año.
«Cultivemos el progreso científico, ¡los cultivos son importantes!»
Los organizadores de la iniciativa afirman que la Directiva 2001/18/CE sobre organismos modificados genéticamente (OMG) está «obsoleta» y reclaman una revisión de sus normas relativas a las nuevas técnicas de mejora vegetal, con el objetivo de facilitar «el procedimiento de autorización de los productos obtenidos a través de las nuevas técnicas de mejora vegetal».
En virtud de los Tratados de la UE, la Comisión Europea puede emprender acciones legales en los ámbitos del mercado interior y las autorizaciones de productos. Por consiguiente, la Comisión considera que la iniciativa es jurídicamente admisible y ha decidido registrarla. El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 25 de julio de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año.
«Acabemos con la era del plástico en Europa»
Los organizadores de esta iniciativa «piden a la Comisión Europea que revise la Directiva sobre el impacto de determinados plásticos en el medio ambiente con el fin de prohibir todos los plásticos de un solo uso en Europa». La iniciativa pretende prohibir «todos los envases y botellas de plástico de aquí a 2027 a fin de que puedan comenzar a aplicarse medidas concretas para respetar los límites de nuestros recursos».
En virtud de los Tratados de la UE, la Comisión Europea puede emprender acciones legales con el objetivo de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente. Por consiguiente, la Comisión considera que la iniciativa es jurídicamente admisible y ha decidido registrarla. El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 26 de julio de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año.
«Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas»
Haciendo referencia a los acontecimientos acaecidos en el contexto del movimiento de independencia en Cataluña, los organizadores de esta iniciativa pretenden garantizar que «tanto la Comisión como el Parlamento tengan un acabado conocimiento de la situación actual en España […] y la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España y, de esa forma, garantizar los derechos y libertades de las minorías y del conjunto de los ciudadanos españoles a través del Derecho y los instrumentos de la Unión».
Más concretamente, la iniciativa solicita a la Comisión que examine la situación en España y adopte posibles medidas en el contexto de la Comunicación de la Comisión de 2014 titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho». En virtud de ese marco, la Comisión puede entablar un diálogo con un Estado miembro para prevenir la aparición de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho. Sin embargo, la iniciativa no invita a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico, que es el único objetivo de las iniciativas ciudadanas europeas.
La Comisión concluyó, por lo tanto, que la iniciativa está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para proponer un acto jurídico para la aplicación de los Tratados de la UE, y, por consiguiente, la considera inadmisible.
Contexto
El Tratado de Lisboa introdujo las iniciativas ciudadanas europeas, que se pusieron en marcha en abril de 2012, tras la entrada en vigor del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, por el que se aplican las disposiciones del Tratado. En 2017, como parte del discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión, la Comisión Europea presentó una serie de propuestas de reforma de la iniciativa ciudadana europea para facilitar aún más su utilización. En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron esa reforma. Las normas revisadas empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020.
Entre tanto, se ha simplificado el proceso y existe una plataforma colaborativa para ayudar a los organizadores. Todo esto ha contribuido a un aumento del 30 % del número de iniciativas ciudadanas registradas (treinta y ocho durante la Comisión Juncker frente a veintinueve durante la anterior Comisión) y una disminución del 80 % del número de iniciativas rechazadas (tan solo hubo cinco iniciativas no registradas durante la presente Comisión frente a veinte durante la anterior).
Una vez registrada oficialmente, la iniciativa ciudadana europea permite a un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.
Los requisitos de admisibilidad son que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria ni manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
Más información
- Iniciativas Ciudadanas Europeas abiertas a la recogida de firmas
- Web de la Iniciativa Ciudadana Europea
- Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
Fuente: Comunicado de prensa IP/19/3456
