De acuerdo con la petición emitida en julio por la Comisión Europea y las autoridades competentes en materia de consumo de la UE, Airbnb se ha comprometido a efectuar los cambios necesarios en sus condiciones, así como a mejorar la presentación de sus precios.
La empresa tiene de plazo hasta finales de 2018 para hacer efectivos estos cambios en todas las versiones de su sitio web correspondientes a las lenguas de la UE.
Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE, ha declarado: «Los agentes en línea han revolucionado la manera en que viajamos, encontramos alojamiento y vivimos las vacaciones. Sin embargo, también deben cumplir todas las normas y asumir la responsabilidad cuando las cosas se tuercen. No obstante, los consumidores de la UE tienen derechos tanto en línea como en otros medios. Acojo con satisfacción la voluntad de Airbnb de hacer los cambios necesarios para garantizar una total transparencia y comprensión de lo que están pagando los consumidores. Esta iniciativa forma parte de un gran impulso en aras de una mayor protección de los consumidores en línea. Por ello, hace unos meses propusimos reforzar las normas en materia de consumo mediante un “nuevo acuerdo para los consumidores”».
Transparencia de precios y otras prácticas comerciales desleales
Airbnb se ha comprometido a ofrecer el precio total de las reservas, que comprende cargos adicionales como los suplementos por limpieza o mantenimiento. En los casos en los que no sea posible calcular el precio final con antelación, la empresa se ha comprometido a informar claramente al consumidor de que se podrían aplicar cargos adicionales.
Además, Airbnb se ha comprometido a indicar claramente si es un particular o un profesional el que ofrece el alojamiento, ya que las normas de protección de los consumidores difieren según sea uno u otro.
Aclaración de las condiciones y supresión de aquellas condiciones que sean ilegales
Airbnb tiene la determinación de efectuar una serie de cambios en sus condiciones de servicio con el fin de ajustarlas a las normas de la UE en materia de consumo:
- Se dejará claro que los consumidores podrán hacer uso de todos los recursos jurídicos de que disponen, en particular del derecho de interponer una demanda contra el anfitrión en caso de perjuicios personales u otros daños.
- Airbnb dejará claro a los consumidores el derecho de estos a incoar procedimientos contra Airbnb ante los tribunales de su país de residencia.
- Airbnb deberá informar a los consumidores cuando decida poner fin a un acuerdo o eliminar contenido, y estos tendrán derecho a interponer un recurso o, en su caso, a solicitar una indemnización.
Próximas etapas
Se espera que la empresa concluya las propuestas y proceda a incorporar los cambios en todas las versiones de su sitio web correspondientes a las lenguas de la UE, así como a las lenguas del Espacio Económico Europeo, para finales de diciembre de 2018. De no cumplir lo solicitado, las autoridades competentes en materia de consumo podrían recurrir a medidas ejecutivas.
Antecedentes
Durante una reunión celebrada con la Comisión y las autoridades competentes en materia de consumo de la UE, Airbnb expuso los cambios en sus condiciones de servicio y la manera en que presenta la información relativa a los precios.
La red de cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) realizó una evaluación (posición común) de las prácticas empresariales de Airbnb coordinada por las autoridades de consumo noruegas (Forbrukertilsynet). Estas autoridades solicitaron a Airbnb que para finales de agosto hubiese propuesto unas soluciones detalladas sobre las modalidades de ajuste de su actividad a la legislación de la UE en materia de consumo (véase el comunicado de prensa). La Comisión Europea facilitó esta iniciativa.
El Reglamento relativo a la cooperación en materia de protección de los consumidores de la UE (CPC) reúne a las autoridades nacionales de consumo en una red ejecutiva paneuropea. De acuerdo con este marco, las autoridades nacionales de un Estado miembro de la UE pueden solicitar la asistencia de sus homólogas en otro Estado miembro de la UE con el fin de frenar las infracciones transfronterizas de la legislación de la Unión en materia de consumo.
Se pueden poner en marcha los mecanismos de cooperación para hacer cumplir los diferentes instrumentos legislativos de la EU en materia de consumo, como la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre los derechos de los consumidores o la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas.
