El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado hoy a un acuerdo sobre la segunda propuesta de la Comisión de ampliar la lista de sustancias químicas cancerígenas reconocidas en el lugar de trabajo. Gracias a este acuerdo, la Directiva sobre agentes carcinógenos o mutágenos cubrirá ocho sustancias químicas cancerígenas adicionales, incluidos los gases de los motores diésel. Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha acogido con satisfacción el acuerdo.
«Hoy hemos dado otro paso importante en la protección de los trabajadores europeos frente al cáncer profesional. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo sobre la legislación de modo que esta cubra otras ocho sustancias químicas cancerígenas, incluidos los gases de los motores diésel, lo que garantizará una mejor protección para más de 20 millones de trabajadores en Europa. Los trabajadores que se verán especialmente beneficiados serán los de la industria química, metalúrgica y automovilística, los conductores profesionales, los trabajadores de la construcción y los del sector almacenero y de infraestructura portuaria. Al mismo tiempo, nuestro mercado interior se simplificará y será más justo, y se hará especial hincapié en ayudar a pequeñas empresas y microempresas a cumplir las normas en materia de salud y seguridad.
Hago extensivo mi agradecimiento a todas las partes que han hecho posible este resultado, y me gustaría reconocer en particular el esfuerzo realizado por la Presidencia austriaca y sus predecesores en nombre del Consejo, así como el del ponente, Claude Rolin, y los ponentes alternativos en nombre del Parlamento Europeo.
Espero que este acuerdo sea confirmado rápidamente, de forma que podamos ver un cambio real en la práctica y evitar más de 100 000 muertes por cáncer en los próximos cincuenta años».
Próximas etapas
El acuerdo se someterá a la aprobación del Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper). Una vez que los representantes permanentes de los Estados miembros confirmen el acuerdo, este se someterá a votación en el Pleno del Parlamento Europeo.
Antecedentes
La lucha contra el cáncer profesional, junto con la creación de un lugar de trabajo más sano y más seguro, constituye una prioridad para esta Comisión y un principio fundamental de nuestro pilar europeo de derechos sociales. Los datos demuestran que este enfoque está justificado: el cáncer, responsable del 52 % de las muertes laborales, sigue siendo el mayor asesino silencioso del lugar de trabajo. Aunque la mayoría de los Estados miembros han establecido límites de exposición nacionales a muchas sustancias químicas cancerígenas, algunos Estados miembros son menos exigentes. Esto significa que los trabajadores no gozan de la misma protección en todo el mercado único y que no existe igualdad de condiciones para las empresas.
Puesto que el conocimiento científico sobre las sustancias químicas cancerígenas está en constante evolución, la Comisión aboga por un proceso constante de actualización de la Directiva sobre agentes carcinógenos o mutágenos (Directiva 2004/37/CE).
La Comisión Juncker ha emprendido acciones decisivas para actualizar la legislación relativa a la protección de los trabajadores frente a las sustancias químicas cancerígenas. Lanzó su primera propuesta en mayo de 2016, que fue adoptada por los colegisladores y se plasmó en la Directiva a finales de 2017. El acuerdo provisional alcanzado hoy constituye una de las etapas finales en la fase de negociación de la segunda propuesta, de enero de 2017. En abril de 2018, la Comisión presentó una tercera propuesta dirigida a mejorar la protección de los trabajadores frente a las sustancias cancerígenas. La Directiva cubre actualmente veintidós sustancias químicas cancerígenas, de las cuales veintiuna han sido añadidas desde el comienzo del mandato de la actual Comisión.
Estas iniciativas son parte de un esfuerzo más amplio de la Comisión para mejorar los estándares en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo en toda Europa. En este contexto, la Comisión inició en enero de 2017 un examen exhaustivo y la actualización de la legislación vigente.
