El objetivo de la iniciativa es «lograr unas mejores condiciones marco jurídicas y financieras para facilitar el acceso de todos los europeos a la vivienda». Los organizadores piden a la Comisión Europea que garantice «un acceso más fácil para todos a viviendas sociales y asequibles, la no aplicación de los criterios de Maastricht a la inversión pública en viviendas sociales y asequibles, un mejor acceso a financiación de la UE para promotores de viviendas sociales, sostenibles y sin ánimo de lucro, normas de competencia para los alquileres de corta duración y la compilación de estadísticas sobre las necesidades de vivienda en Europa».
Con arreglo a los Tratados, la UE puede emprender acciones legales en este ámbito, por ejemplo por lo que respecta a las normas del mercado interior, y reforzar la cohesión económica, social y territorial en Europa. Por lo tanto, la Comisión Europea ha decidido hoy registrar la iniciativa. La decisión de la Comisión se refiere únicamente a la admisibilidad jurídica de la propuesta. La Comisión aún no ha analizado el fondo de la iniciativa.
El registro de esta iniciativa tendrá lugar el 18 de marzo de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que la Iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.
Contexto
El Tratado de Lisboa introdujo la Iniciativa Ciudadana Europea como una herramienta a disposición de los ciudadanos para definir la agenda política a partir de abril de 2012, momento en el que entró en vigor el Reglamento relativo a la iniciativa europea por el que se aplican las disposiciones del Tratado. En 2017, como parte del Discurso del Presidente Juncker sobre el Estado de la Unión, la Comisión Europea presentó propuestas de reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea para facilitar aún más su utilización. En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre la reforma, que abre la vía a la aplicación de la normativa revisada a partir del 1 de enero de 2020.
Una vez registrada oficialmente, la Iniciativa Ciudadana Europea permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.
Los requisitos de admisibilidad son que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencia de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
Más información
- Texto completo de la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea (disponible a partir del 18 de marzo)
- Iniciativas Ciudadanas Europeas abiertas a la recogida de firmas
- Iniciativa Ciudadana Europea
- Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
- Iniciativa «Vivienda para todos»
- Comunicado de prensa IP/19/1612