La Comisión Europea ha considerado que la compensación concedida por España a Correos por el desempeño de su misión de servicio público (la denominada «obligación de servicio universal», OSU) durante el período 2011-2020 constituye ayuda compatible con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La sociedad estatal Correos es el mayor operador postal de España.

La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: «Tener fácil acceso a los servicios postales es vital para todos los ciudadanos de la UE. La decisión de hoy permite que Correos siga prestando servicios postales básicos en toda España a precios asequibles, sin falsear indebidamente la competencia.».

En enero de 2020, España notificó a la Comisión su plan para compensar a Correos con 1 280 millones EUR por el cumplimiento de la obligación de servicio postal universal durante el período 2011-2020. Dicha obligación incluye la prestación de servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles, con determinadas exigencias mínimas de calidad. De estos 1 280 millones EUR, Correos ya había recibido 1 219 millones EUR antes de la notificación. Por consiguiente, la Comisión consideró que Correos se había beneficiado de una ayuda ilegal (no notificada).  

La Comisión ha examinado la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE en materia de compensación por servicio público. Según dichas normas, los Estados miembros pueden compensar a las empresas por el coste extra que supone realizar una misión de servicio público, cumpliendo determinados criterios. Se permite así que los Estados miembros concedan ayuda estatal por la prestación de servicio público, al tiempo que se garantiza que las empresas a las que se han encomendado estos servicios no reciban una compensación excesiva. Evitar una compensación excesiva minimiza el falseamiento de la competencia y garantiza un uso eficiente de los recursos públicos.

Con el fin de cumplir las normas sobre ayudas estatales de la UE, España elaboró un modelo detallado y exhaustivo para calcular el coste evitado neto del servicio postal universal, lo que ha permitido a la Comisión descartar cualquier riesgo de compensación excesiva.

En concreto, dicho modelo garantiza que los descuentos concedidos a algunos clientes no incrementen indebidamente el coste neto.

La Comisión considera muy importante que el Estado no compense las pérdidas generadas por los descuentos en las tarifas de la OSU, puesto que dichas pérdidas no se deben a las obligaciones impuestas al prestador del servicio universal.

La evaluación de la Comisión ha puesto de manifiesto que la compensación concedida a Correos por España no superará el coste neto de la obligación de servicio público, lo que significa que no existe compensación excesiva. Sobre esta base, la Comisión ha concluido que la medida es conforme con las normas sobre ayudas estatales de la UE.

En su Decisión, la Comisión desestima también una denuncia presentada en marzo de 2019 por dos organizaciones sectoriales, que alegaban que Correos recibió ayuda estatal incompatible a través de varias medidas, entre ellas, la obligación de servicio universal. Los denunciantes se referían, en especial, a la necesidad de evitar que los descuentos excesivos concedidos por Correos fueran compensados por el Estado español.

Por último, la Decisión toma en cuenta un compromiso específico de las autoridades españolas con respecto a la notificación oportuna, a lo largo de 2020, de las compensaciones por la OSU previstas para el período 2021-2025.

Contexto

Correos es el mayor prestador de servicios postales en España y tiene encomendada la obligación de servicio universal desde 1998. Cuenta con más de 50 000 trabajadores y unos ingresos anuales de aproximadamente 2 000 millones EUR. Su titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales («SEPI»), entidad pública que posee participaciones en diversas empresas en nombre del Estado.

El mercado español de servicios postales fue liberalizado en 2011, de conformidad con la Directiva Postal y, aunque Correos emana de la Administración pública, ahora opera en plena competencia con otros prestadores de servicios postales relevantes. Esencialmente, la OSU consiste en el reparto de cartas y paquetes (hasta un determinado peso), en todo el territorio español, al menos cinco días a la semana, a precios asequibles.

En julio de 2018, la Comisión adoptó una Decisión negativa con respecto a la compensación concedida a Correos por la prestación de la OSU durante el período 2004-2010. La Comisión consideró que Correos había recibido una compensación excesiva y que España tenía que recuperar 167 millones EUR.

Por otra parte, en septiembre de 2017 la Comisión inició un procedimiento de cooperación sobre una ayuda existente con respecto al hecho de que Correos no pagara las cotizaciones de pensión de sus funcionarios. Este procedimiento sigue en curso.

Más información

La versión no confidencial de la Decisión se publicará con el número de asunto SA.50872 en el Registro de Ayudas Estatales del sitio web de la DG Competencia una vez se hayan resuelto las cuestiones de confidencialidad.

Fuente: Comunicado de prensa IP/20/882