La Comisión Europea ha adoptado el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión, en el que se expone cómo la Comisión supervisó la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión en 2020, y cuál fue el nivel de cumplimiento de los Estados miembros en diversos ámbitos.

En el informe se tiene en cuenta el brote pandémico de COVID-19 y se explican las medidas adoptadas por la Comisión para garantizar los derechos, las libertades y los medios de subsistencia de las personas y las empresas en toda la Unión.

En 2020, la Comisión inició un total de 903 nuevos procedimientos de infracción, lo que supone un aumento del 13 % respecto al año 2019, en el que el número de nuevos casos fue de 797. En 2020, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y los Países Bajos fueron los Estados miembros objeto del menor número de nuevos procedimientos por transposición incorrecta o aplicación errónea del Derecho de la Unión, mientras que Bulgaria, Italia, Malta y Grecia fueron objeto del mayor número de casos.

Garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión durante una pandemia

Es importante garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión para que los europeos puedan disfrutar de los derechos y beneficios que este les confiere, más aún durante la pandemia de COVID-19, que tuvo un claro impacto en la aplicación del Derecho de la Unión. Por ejemplo, muchos Estados miembros introdujeron restricciones unilaterales a la exportación de medicamentos, equipos de protección y otros productos pertinentes respecto a la COVID-19. Cuando lo consideró necesario, la Comisión afrontó estas restricciones mediante procedimientos de infracción urgentes. La Comisión inició también procedimientos de infracción contra once Estados miembros por no proteger los derechos de los consumidores que contrataron viajes combinados y no recibieron una compensación adecuada después de que sus viajes quedaran cancelados debido a la COVID-19. 

Si bien la Comisión buscó formas de aliviar la carga que suponen los procedimientos de infracción para los Estados miembros (por ejemplo, alargando los plazos de respuesta), la correcta aplicación del Derecho de la Unión es esencial, incluso en tiempos de crisis.

Priorización de los ámbitos de actuación importantes para la vida cotidiana de los europeos

En 2020, la Comisión siguió velando por el cumplimiento del Derecho de la Unión en todos los ámbitos de actuación, si bien dio prioridad a los que más afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas, tales como el medio ambiente, la movilidad y el transporte, y la energía, que supusieron la mitad de todos los nuevos procedimientos de infracción. Por ejemplo, la Comisión actuó contra algunos Estados miembros por incumplimiento del Derecho de la Unión en lo que concierne al aire limpio y el agua potable, el derecho de los viajeros a obtener el reembolso de los viajes anulados o la seguridad del transporte.

La garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión se basa en la cooperación, razón por la cual la Comisión Europea ayuda activamente a los Estados miembros a implementar el Derecho de la Unión ofreciéndoles orientaciones y diálogo. En 2020, publicó una serie de documentos de orientación en distintos ámbitos, como la ayuda de urgencia de la UE en el ámbito de la cooperación sanitaria transfronteriza, la salud y la seguridad en el trabajo, los derechos de los pasajeros, la seguridad aérea y la respuesta económica coordinada a la pandemia.

Disminución de la transposición tardía de directivas de la Unión

Para que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar de las ventajas que les aporta el Derecho de la Unión, es esencial que los Estados miembros transpongan las directivas europeas a su ordenamiento jurídico nacional en los plazos acordados.

Más de la mitad de todos los procedimientos de infracción en 2020 estaban relacionados con la transposición tardía de directivas. El número de estos procedimientos aumentó significativamente, pasando de 406 casos en 2019 a 599 en 2020. Comparativamente, en los últimos cinco años, el mayor número de procedimientos de infracción nuevos por transposición tardía se dio en 2016 (847 procedimientos). Para facilitar la transposición correcta y dentro de los plazos establecidos, la Comisión ha seguido ayudando a los Estados miembros mediante la elaboración de documentos de orientación, la creación de sitios web específicos y el intercambio de las mejores prácticas en talleres o reuniones de grupos de expertos.

Por lo que se refiere a la transposición tardía, los países contra los que se iniciaron más procedimientos nuevos fueron el Reino Unido*, Portugal, Bélgica y Chipre, y contra los que se iniciaron menos procedimientos nuevos fueron Dinamarca, Suecia, Irlanda, Lituania, Malta y los Países Bajos.

Contexto

Desde 1984, a petición del Parlamento Europeo, la Comisión presenta un informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión durante el año anterior. A continuación, el Parlamento Europeo adopta una Resolución sobre el informe de la Comisión.

La Comisión se centra prioritariamente en los problemas en los que su acción destinada a garantizar el cumplimiento del Derecho puede suponer una verdadera diferencia y beneficiar a los particulares y a las empresas. En el reparto de responsabilidades entre las instituciones europeas, la Comisión Europea tiene la responsabilidad general de iniciar el proceso legislativo. El Consejo y el Parlamento Europeo deciden sobre las propuestas de la Comisión. Los Estados miembros son responsables de aplicar, implementar y hacer cumplir de manera oportuna y correcta el Derecho de la Unión en su ordenamiento jurídico nacional. La Comisión cierra el círculo: una vez que las propuestas se adoptan y pasan a formar parte del Derecho de la Unión, controla que los Estados miembros aplican correctamente ese Derecho y emprende acciones si no lo hacen.

Más información

• Informe anual sobre la implementación nacional del Derecho de la Unión
• Sitio web del Informe anual sobre la implementación nacional del Derecho de la Unión
• Ficha informativa EU-28

* El 1 de febrero de 2020 entró en vigor el Acuerdo de Retirada por el que se establecen las disposiciones para la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión, por lo que el Reino Unido pasó a ser oficialmente un tercer país. El Acuerdo de Retirada estableció un período transitorio que comenzó el 1 de febrero de 2020 y finalizó el 31 de diciembre de 2020. Durante ese período transitorio, y salvo disposición en contrario, el Derecho de la Unión siguió aplicándose al y en el Reino Unido, incluidos los procedimientos de infracción. Por consiguiente, debe entenderse que toda referencia a los Estados miembros en este informe incluye al Reino Unido.

Fuente: Comunicado de prensa IP/21/3686