En su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de los años 2022 y 2023, la Comisión formuló la siguiente recomendación:
“Proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos relativos a los Consejos del Poder Judicial”
De acuerdo al artículo 122 (3) de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial está formado por el Presidente del Tribunal Supremo (que lo preside) y 20 miembros : 12 jueces o magistrados, y 8 abogados o juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. El Parlamento es competente para el nombramiento de todos sus miembros, con una mayoría cualificada de tres quintos.
Desde 2018, no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial. La situación actual está causando graves problemas a la administración de justicia en España:
- El mandato del Consejo del Poder Judicial venció hace 5 años. Esto significa que sus miembros han ejercido durante 2 mandatos consecutivos.
- La falta de renovación del Consejo del Poder Judicial está afectando negativamente al trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto.
El último intento de alcanzar un acuerdo entre los dos principales partidos políticos fracasó en octubre de 2022. Actualmente, existen declaraciones públicas de que los dos partidos políticos principales están dispuestos a volver a entablar negociaciones y ambos estarían de acuerdo con que la Comisión supervise el proceso.
En este contexto, la Comisión está preparada para desempeñar su papel y garantizar el cumplimiento del derecho de la UE. Su trabajo se basará en las recomendaciones formuladas en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023.
A tal fin, la Comisión, bajo la responsabilidad del comisario Reynders, mantendrá un diálogo estructurado sobre la aplicación de la recomendación de los informes sobre el Estado de Derecho en España de 2022 y 2023. Este diálogo estructurado estará enfocado a resolver un problema que persiste, y a garantizar la puesta en práctica de las dos partes de la recomendación de la Comisión. La primera reunión tendrá lugar lo antes posible y este diálogo no deberá exceder los dos meses.
