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Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023: mejora la eficacia de los sistemas judiciales

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La Comisión Europea ha publicado la undécima edición del cuadro de indicadores de la justicia en la UE, un resumen anual consolidado que facilita datos comparativos sobre la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros.

El cuadro de indicadores de este año incluye cifras sobre dieciséis nuevos temas, por ejemplo, sobre la manera en que las autoridades nacionales combaten la corrupción, sobre la duración de los procedimientos relacionados con asuntos de soborno y sobre disposiciones específicas que facilitan la igualdad de acceso a la justicia para las personas mayores, las víctimas de violencia de género y doméstica y las personas que sufran en general riesgo de discriminación. La edición de 2023 también incluye, por primera vez, cifras específicas sobre los salarios de jueces y fiscales, sobre el nombramiento de los presidentes y fiscales generales del Tribunal Supremo y sobre las más altas instancias que ejercen competencias constitucionales, entre otras cosas.

Principales constataciones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023

  • Persisten retos en cuanto a la percepción de la independencia judicial: Una encuesta del Eurobarómetro entre el público en general indica que, desde 2016, la percepción de la independencia judicial entre ese público ha mejorado en quince Estados miembros. En comparación con el año pasado, la percepción ha mejorado en doce Estados miembros y, al mismo tiempo, ha disminuido o se ha mantenido estable en otros doce. En unos pocos Estados miembros, el nivel de percepción de la independencia continúa siendo especialmente bajo. Entre las empresas, otra encuesta del Eurobarómetro indica que la percepción de independencia ha mejorado en doce Estados miembros en comparación con 2016. Sin embargo, en comparación con el año pasado, la percepción de independencia entre las empresas disminuyó en trece Estados miembros.
  • Una visión de la lucha contra la corrupción: En doce Estados miembros, los asuntos de soborno en los tribunales de lo penal se resuelven en el plazo de un año, mientras que los procedimientos pueden durar hasta cuatro años en los cinco Estados restantes de los que se dispone de datos. El cuadro de indicadores de 2023 también presenta una visión comparativa de las competencias y el nombramiento de los organismos especializados encargados de la prevención de la corrupción. También presenta una primera visión general de los órganos policiales y fiscales especializados en la lucha contra la corrupción, así como los procedimientos de nombramiento de los jefes de las fiscalías especializadas en esa lucha.
  • Margen de mejora en la digitalización de los sistemas judiciales: Solo ocho Estados miembros disponen de normas procesales que permiten total o principalmente el uso de la comunicación a distancia y la admisibilidad de pruebas únicamente en formato digital. En diecinueve Estados miembros, esto solo es posible en un número limitado de casos, por ejemplo, para determinados usuarios de los órganos jurisdiccionales (por ejemplo, las partes), pero no para todos (peritos judiciales). Además, las conclusiones de la edición de este año ponen de manifiesto que, con dos excepciones, los órganos jurisdiccionales y las fiscalías de los Estados miembros no utilizan aún la tecnología digital hasta aprovechar plenamente el potencial de sus normas procesales.
  • Distintos grados de accesibilidad a la justicia para las personas que sufren riesgo de discriminación y las personas mayores, así como para las víctimas de violencia de género y doméstica: Diecisiete Estados miembros facilitan información sobre los derechos de las personas que sufren riesgo de discriminación y veintidós facilitan el acceso físico a los edificios de los órganos jurisdiccionales. Además, nueve Estados miembros han adoptado medidas para hacer que la asistencia jurídica gratuita sea más accesible para las personas mayores. En lo que respecta a las víctimas de violencia de género y doméstica, se han establecido en doce Estados miembros todas las salvaguardias indicadas, por ejemplo, información específica en línea pertinente para este grupo, protección especial de las víctimas y los testigos, apoyo durante los procedimientos judiciales por parte de organizaciones no gubernamentales u organismos de igualdad o formación especializada reservada a los jueces. Sin embargo, casi una cuarta parte de los Estados miembros no ofrece acceso en línea a información pertinente sobre la violencia de género y los derechos de las víctimas.

Próximas etapas

La información incluida en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE contribuye a la supervisión que se lleva a cabo en el marco del Mecanismo Europeo del Estado de Derecho y sus conclusiones se incorporarán al informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión de 2023. El cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023 se ha reelaborado para satisfacer la necesidad de información comparativa adicional (por ejemplo, nuevas cifras relativas a los salarios de los jueces y fiscales y a los organismos que se ocupan de la lucha contra la corrupción) que se determinó al preparar el Informe sobre el Estado de Derecho de 2023. Los datos del cuadro de indicadores también se utilizan a efectos del seguimiento de los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

Contexto

La Comisión utiliza el cuadro de indicadores de la justicia en la UE, que se puso en marcha en 2013, para supervisar las reformas de la justicia en los Estados miembros y es uno de los componentes del conjunto de instrumentos del Estado de Derecho de la UE. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:

  • Eficiencia: indicadores sobre duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.
  • Calidad: indicadores sobre la accesibilidad (por ejemplo, asistencia jurídica gratuita y tasas judiciales), la formación, el presupuesto y los salarios de jueces y fiscales, los recursos humanos y la digitalización.
  • Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre la población en general y las empresas, y sobre las salvaguardias relativas a los jueces y al funcionamiento de las fiscalías nacionales.

Al igual que en ediciones anteriores, la de 2023 presenta datos de dos encuestas del Eurobarómetro sobre la manera en que perciben los ciudadanos y las empresas la independencia judicial en cada Estado miembro. 

Las conclusiones del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023 se han tenido en cuenta en la evaluación específica por país llevada a cabo en el marco del Semestre Europeo de 2023, y también en la evaluación de la ejecución de los planes de resiliencia y recuperación de los Estados miembros. En 2023, la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, que establece las orientaciones estratégicas para mitigar los efectos negativos de las perturbaciones energéticas, fomentar el crecimiento sostenible y aumentar la resiliencia de la UE, reitera la conexión existente entre unos sistemas judiciales eficaces y una economía al servicio de las personas en los Estados miembros. El correcto funcionamiento y la plena independencia de los sistemas judiciales tienen un efecto positivo en las decisiones de inversión y en la voluntad de todos los agentes económicos de acometer proyectos de inversión.

Con cargo al programa «Justicia» de 2021-2027, la UE destina más de 300 millones de euros al fomento de un espacio europeo de justicia. También contribuye a mejorar la eficacia de los sistemas judiciales nacionales y a reforzar el Estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos fundamentales, sobre todo mediante un acceso real a la justicia por parte de los ciudadanos y las empresas. El programa financia actividades que abarcan la formación de jueces y otros profesionales de la justicia, el aprendizaje mutuo, la cooperación judicial y la concienciación.

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