Informe sobre el Estado de Derecho en 2025: importancia para la democracia, la seguridad y la economía

: 08 Julio 2025

Informe sobre el Estado de Derecho en 2025: importancia para la democracia, la seguridad y la economía

La Comisión ha publicado (08/07/2025) su sexto informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que examina la evolución del Estado de Derecho en todos los Estados miembros.

Este es el primer informe del nuevo mandato de la Comisión. Consolida el compromiso satisfactorio con los Estados miembros sobre la base de un enfoque preventivo y basado en el diálogo para reforzar el Estado de Derecho, y constituye un incentivo importante para la reforma.

El Informe sobre el Estado de Derecho y el ciclo anual del Estado de Derecho contribuyen a la resiliencia de la democracia, la seguridad y la economía europeas en un entorno mundial en el que el respeto de los derechos fundamentales y los sistemas democráticos se ven cada vez más presionados. Por lo tanto, es esencial que la UE reafirme su compromiso con el Estado de Derecho y adopte medidas concretas para promoverlo y defenderlo, en nuestro continente y en todo el mundo. Al igual que en 2024, el informe no solo abarca veintisiete Estados miembros, sino que también incluye cuatro capítulos por país dedicados a la evolución de la situación en Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.

El informe de este año confirma que existe una trayectoria positiva en muchos Estados miembros, ya que se han llevado a cabo importantes reformas en los cuatro ámbitos clave cubiertos por el informe: justicia, lucha contra la corrupción, libertad de los medios de comunicación y controles y equilibrios institucionales. Si bien siguen existiendo retos en algunos Estados miembros, y en algunos casos la situación es grave, el compromiso general con el proceso sigue siendo sólido, y los Estados miembros han abordado un número sustancial de las recomendaciones de 2024, en su totalidad o en parte.

El respeto del Estado de Derecho también es esencial para aplicar políticas que promuevan la competitividad a través del mercado único y capaciten a los ciudadanos para participar activamente tanto en la sociedad como en la economía. El Estado de Derecho es una consideración importante para las empresas que operan a través de las fronteras. Las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, necesitan un entorno económico estable y previsible. Tal como se establece en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen,el informe de este año hace especial hincapié en las cuestiones que guardan una relación directa con el correcto funcionamiento del mercado único, como la buena legislación, las normas de contratación pública y la estabilidad del marco regulador.

El informe prevé la evolución de la Unión Europea. La nueva generación de instrumentos de gasto de la UE, que se presentará como parte del próximo marco financiero plurianual, garantizará que el cumplimiento del principio del Estado de Derecho siga siendo una necesidad para los fondos de la UE. El apoyo financiero de la UE a la inversión y las reformas para promover el Estado de Derecho pueden ofrecer un verdadero valor añadido. Esto puede contribuir a un esfuerzo más amplio para hacer un seguimiento de la aplicación efectiva de las recomendaciones formuladas en el informe.

Principales conclusiones de este año

Sistemas de justicia

Muchos Estados miembros han avanzado en las reformas de la justicia durante el último año. Las medidas incluyen el refuerzo de la independencia de los Consejos del Poder Judicial, salvaguardias adicionales para los nombramientos de los jueces y la autonomía de los fiscales, así como para la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales. No obstante, las reformas avanzan a un ritmo más lento en algunos Estados miembros, y en algunos casos persisten serias preocupaciones. Aunque se están realizando esfuerzos en todos los ámbitos, existe una presión sobre los recursos para los sistemas judiciales en muchos Estados miembros, lo que repercute en la calidad y la eficiencia de la justicia. En los países de la ampliación han proseguido los esfuerzos para aplicar reformas judiciales, reforzar la rendición de cuentas y mejorar la eficiencia, pero deben abordarse la influencia indebida y los intentos de socavar la independencia de los jueces.

Marcos de lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción sigue siendo esencial para mantener el Estado de Derecho y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La mayoría de los europeos consideran que la corrupción es inaceptable, según los resultados de las encuestas del Eurobarómetro de 2025sobre las actitudes de los ciudadanos y las empresas hacia la corrupción en la UE. El informe muestra que varios Estados miembros han desarrollado nuevas estrategias de lucha contra la corrupción y han reforzado su capacidad institucional, en particular aumentando los recursos destinados a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la fiscalía y el poder judicial. Al mismo tiempo, se necesitan nuevas medidas para reforzar los marcos preventivos, como los relacionados con los grupos de presión y los conflictos de intereses, así como para garantizar la investigación efectiva, el enjuiciamiento y las sentencias definitivas de los casos de corrupción. En los países de la ampliación, se reforzaron los marcos jurídicos e institucionales, mostrando resistencia a presiones indebidas en algunos casos, mientras que la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de casos de corrupción, incluidos los casos de alto nivel, deben mejorarse aún más.

Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

La libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son elementos centrales de una sociedad basada en el Estado de Derecho y para garantizar la rendición de cuentas democrática. En los Estados miembros se están llevando a cabo reformas para adaptar las legislaciones nacionales a las nuevas normas de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). Muchos Estados miembros están emprendiendo reformas para reforzar el funcionamiento independiente y la financiación de los medios de comunicación de servicio público y para mejorar la equidad y la transparencia de la asignación de publicidad estatal. Además, varios reguladores nacionales de los medios de comunicación están ampliando sus competencias para cumplir también con la Ley de Servicios Digitales (DSA). Se presta cada vez más atención a la seguridad y la protección de los periodistas, en medio de amenazas continuas, y los Estados miembros crean o continúan operando estructuras de apoyo o reforzando la protección jurídica de los periodistas. Al mismo tiempo, es necesario adoptar nuevas medidas para abordar las preocupaciones relativas a la seguridad de los periodistas, así como mejorar las salvaguardias para la independencia de algunos reguladores de los medios de comunicación y de los medios de comunicación de servicio público, aumentar la transparencia de la propiedad y garantizar una mayor equidad y transparencia en la asignación de la publicidad estatal. En los países de la ampliación, también existen preocupaciones en relación con la politización de los reguladores de los medios de comunicación y la sostenibilidad financiera de los organismos públicos de radiodifusión, así como con el nombramiento de los dirigentes de los organismos de radiodifusión.

Controles y equilibrios institucionales

En varios Estados miembros se están llevando a cabo reformas para reforzar los controles y equilibrios, en particular mediante una mejor inclusión de las partes interesadas en el proceso legislativo y la mejora de la calidad de la legislación. Sin embargo, las leyes inestables y en rápida evolución, a veces redactadas sin la participación de las partes interesadas, crean inseguridad jurídica tanto para las empresas como para los ciudadanos. Si bien el informe concluye que la mayoría de los Estados miembros siguen garantizando un marco propicio y de apoyo para la sociedad civil, siguen existiendo obstáculos en varios Estados miembros relacionados con los requisitos de financiación o registro. Sin embargo, en algunos Estados miembros las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a graves retos, ya que están sujetas a restricciones o controles financieros excesivos o a una protección inadecuada. En los países de la ampliación, los desafíos a los procesos legislativos y las consultas públicas ineficaces limitan la gobernanza inclusiva. También sigue habiendo problemas en relación con el seguimiento sistemático de las recomendaciones de las instituciones del Ombudsman y otros órganos independientes.

Dimensión del mercado único

En los cuatro pilares, el informe hace hincapié en el impacto en el funcionamiento del mercado único y el entorno operativo de las empresas. Un sistema judicial eficaz, la lucha contra la corrupción, la buena gobernanza, la seguridad jurídica y una legislación sólida tienen un impacto económico significativo, configurando el entorno empresarial y orientando las decisiones de inversión. En los cuatro pilares, el informe hace hincapié en cómo los problemas detectados afectan al funcionamiento del mercado único y al entorno operativo de las empresas. Los capítulos por países informan, por ejemplo, sobre la especialización de los órganos jurisdiccionales y los jueces para tramitar asuntos mercantiles; los mecanismos de ejecución de las resoluciones judiciales; medidas para prevenir la corrupción en la contratación pública; una financiación transparente de los medios de comunicación; y el entorno regulatorio estable necesario para que las empresas operen en condiciones predecibles

Próximos pasos

La Comisión invita ahora al Parlamento Europeo y al Consejo a que prosigan los debates generales y específicos por país sobre la base de este informe, utilizando también las recomendaciones para seguir examinando cómo pueden realizarse progresos concretos. La Comisión también pide a los Parlamentos nacionales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas que prosigan el diálogo nacional sobre el Estado de Derecho, así como a escala europea, con una mayor participación ciudadana.

La Comisión invita a los Estados miembros a abordar los retos señalados en el informe. Está dispuesta a ayudarlos en sus esfuerzos por seguir aplicando las recomendaciones. En el caso de los países de la ampliación, la Comisión seguirá realizando un seguimiento de las cuestiones identificadas, también en sus próximos informes anuales sobre la ampliación. Podrán incluirse otros países de la ampliación en el Informe sobre el Estado de Derecho a medida que estén listos.

Como se comprometió la presidenta Von der Leyen en sus orientaciones políticas 2024-2029, la Comisión seguirá mejorando su seguimiento y presentación de informes y reforzando los controles y equilibrios, en particular mediante el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones.

Antecedentes

El informe anual sobre el Estado de Derecho es el resultado de un estrecho diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas. El informe abarca todos los Estados miembros y cuatro países de la ampliación sobre la base de la misma metodología objetiva y transparente, examinando el mismo conjunto de cuestiones en cada país.

El informe de 2025 incluye una Comunicación en la que se examina la situación en la UE en su conjunto y veintisiete capítulos por país que analizan la evolución significativa en cada Estado miembro. También incluye cuatro capítulos por país que analizan la evolución en los países de la ampliación seleccionados. El informe también incluye una evaluación de las recomendaciones del año pasado a los Estados miembros y, sobre esa base, ofrece una vez más recomendaciones específicas dirigidas a todos los Estados miembros.

El informe ocupa un lugar central en el ciclo anual del Estado de Derecho. Este ciclo anual es preventivo: sirve para promover el Estado de Derecho y tiene por objeto evitar la aparición o profundización de problemas. Es independiente de los demás elementos del conjunto de instrumentos de la UE sobre el Estado de Derecho y complementa, pero no sustituye a los mecanismos basados en el Tratado que permiten a la UE responder a cuestiones más graves relacionadas con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Estos instrumentos incluyen los procedimientos de infracción y el procedimiento para proteger los valores fundacionales de la Unión en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

Desde 2020, varias iniciativas nuevas de la UE han elevado las normas comunes en ámbitos directamente pertinentes para el Estado de Derecho, basándose en los resultados del seguimiento en el contexto del presente informe. Esto incluye la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que tiene por objeto abordar una serie de lagunas sistémicas detectadas en el panorama regulador de los medios de comunicación, y el paquete de medidas contra la corrupción, que incluye propuestas de nueva legislación para luchar contra la corrupción en la UE y reforzar el régimen sancionador de la UE contra la corrupción en la dimensión exterior de la UE.

La inclusión de los países de la ampliación en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2024 apoya los esfuerzos de reforma de estos países para lograr avances irreversibles en materia de democracia y Estado de Derecho antes de la adhesión, y para garantizar unas normas elevadas y duraderas después de la adhesión. Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia participan en el ejercicio del Informe sobre el Estado de Derecho, que refleja los avances realizados en sus respectivos procesos de adhesión. Como anunció la presidenta Von der Leyen en sus Orientaciones políticas 2024-2029, otros países en vías de adhesión se incluirán en el Informe sobre el Estado de Derecho cuando estén listos.